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Cuales instituciones de gobierno pueden vigilar tus comunicaciones

Cuales instituciones de gobierno pueden vigilar tus comunicaciones

Con una solicitud ante un Juez pueden vigilar tus conversaciones.

En México no es raro que las autoridades de gobierno intervengan las comunicaciones privadas de los ciudadanos cuando piensan que están cometiendo algún delito. Pero para poder escuchar las llamadas o revisar los datos enviados a través de internet entre los usuarios, se debe solicitar la aprobación de un juez.

Las organizaciones civiles sospechan que la intervención telefónica pueda ser usada para espiar a líderes políticos, a miembros de organizaciones sociales, a empresarios o incluso a opositores gubernamentales. Recientemente la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) publicó el informe El Estado de Vigilancia Fuera de Control, donde da cuenta de las solicitudes que se han hecho para vigilar las conversaciones de los mexicanos.

Este informe muestra que de 2013 a 2015 se hicieron 3.182 solicitudes para intervenir líneas de comunicación privadas por parte de instituciones mexicanas, de las cuales 3.012 fueron aceptadas por distintos jueces federales. Las dependencias que más realizaron las solicitudes son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF).

Sólo en 2015 el CISEN solicitó intervenir 696 comunicaciones privadas, nada más siete de éstas fueron rechazadas. La PGR hizo 264 solicitudes, 16 fueron negadas. La PF hizo 136, y les negaron 33. Quiere decir que las tres instituciones intervinieron 1.040 comunicaciones el año pasado.

Sabiendo que de 2013 a 2015 las tres dependencias realizaron más de 3.000 solicitudes de intervención telefónicas, el número de ciudadanos vigilados no se puede conocer ya que en un solo requerimiento se puede vigilar a múltiples personas, señala la R3D.

Además cada uno, puede ser vigilado en varios dispositivos, y el informe señala que entre esos dos años la PGR vigiló las comunicaciones de 3.672 dispositivos electrónicos y la PF de 1.781. Así la PGR es la institución que más solicitó en 2015 el acceso a datos de ciudadanos que las empresas de telecomunicaciones conservan, fueron un total de 8.140 requerimientos hechos por la Procuraduría.

La investigación de la Red duró más de un año y se basó en cerca de 600 solicitudes de acceso a la información pública, realizadas a autoridades federales y estatales. No obstante, se interpusieron alegatos en más de 200 por no responder a la información requerida, por ello, hay varias solicitudes sin respuesta.

Lo que más preocupa es el escaso control judicial de las intervenciones telefónicas. “Se ha promovido la expansión de las facultades legales para llevar a cabo medidas de vigilancia sin que al mismo tiempo se hayan impuesto controles democráticos a las mismas. El marco legal se ha diseñado deficientemente, a veces de manera deliberada, para dar pie a interpretaciones que permitan a más autoridades vigilar sin contrapesos institucionales”, explica el documento.

Señala la Red que la gran mayoría de las medidas de vigilancia se ha llevado a cabo sin control judicial. Además un número importante de autoridades han ejercido la vigilancia, e incluso han adquirido millonarias capacidades tecnológicas altamente invasivas, sin siquiera tener facultades legales para la intervención de comunicaciones privadas.

Asimismo, “se ha documentado también que la utilización de medidas de vigilancia por autoridades de procuración de justicia no ha tenido como resultado ejercicios de acción penal, sino que la gran mayoría de los casos se han vigilado personas que jamás son llevadas a juicio por la probable comisión de un delito”.

Un ejemplo es el caso de la empresa italiana Hacking Team, la cual vendió servicios de hackeo a distintas instituciones mexicanas. De 35 países a los que la empresa ha ofrecido su servicio, México es el principal cliente. El gobierno mexicano pagó a la empresa especializada en espionaje cibernético 5 millones 808 mil 875 euros, una cifra que supera los 4 millones de euros pagados por el gobierno italiano.

Las instituciones que pagaron los servicios de Hacking Team se encuentran el CISEN, la PGR, la PF, el Ejército Mexicano, la Marina Armada, Petróleos Mexicanos y diferentes cuerpos de seguridad de los gobiernos locales. “Es importante señalar que la gran mayoría de las autoridades que adquirieron el software de Hacking Team no poseen facultades legales o constitucionales para intervenir comunicaciones privadas, por lo que tanto su adquisición como su uso es claramente ilegal”, señala el informe.

Para finalizar el documento explica que los esfuerzos de la sociedad civil han permitido hacer resistencia al avance de la lógica de la vigilancia sin controles. “A través de distintos recursos, se han logrado establecer obligaciones de transparencia que nos permitirán conocer y evaluar mejor el alcance y volumen de la vigilancia en el país; el litigio estratégico y la incidencia han permitido que hoy todas las medidas de vigilancia requieran de control judicial y las autoridades facultadas para ejercer vigilancia estén delimitadas claramente por el poder judicial”.

FUENTE: hilodirecto.com

 

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