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Operación rescate

Operación rescate

La mala experiencia con los casos de Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo), obligó al binomio EPN – PRI a implementar una estrategia de emergencia para evitar potenciales crisis en la elección presidencial 2018.

Las primeras cartas se juegan en Jalisco gobernado por el PRI de la mano de Aristóteles Sandoval, quién acumula problemas de endeudamiento desde su paso como alcalde de Guadalajara.

Por eso la urgencia de mover a Aristóteles Sandoval con anticipación, las antenas preventivas del PRI ven grandes riesgos en las cuentas del gobernador que abonarían a una derrota en 2018 arrastrando al tricolor.

Las señales son claras y no pasará de dos meses que Aristóteles pida permiso para dejar la gubernatura para incorporarse a otra encomienda, congelar los temas de presunta corrupción y endeudamiento excesivo, para refrescar al PRI y sumar los valiosos votos de Jalisco en el 2018.

La ruta de Lozoya

Emilio Lozoya antes de ser funcionario público fue un hombre de negocios con participación en importantes conglomerados del sector de la construcción y financiero, si de algo sabe Lozoya es de flujos financieros.

Es difícil creer que Lozoya Austin dejara huellas indelebles de una presunta operación con Odebrecht, al menos en el terreno institucional será casi imposible que la PGR encuentre algo sospechoso respecto al caso Lozoya, por lo que será complicado una vinculación a presuntos actos de corrupción en su paso por PEMEX.

El tema tal vez pueda tomar relevancia si las autoridades brasileñas emiten una solicitud de investigación de los flujos de dinero presuntamente transferidos a Lozoya, lo que obligaría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dirigida por Alberto Bazbaz perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sólo así, el gobierno mexicano daría cuenta si existieron esos 10 millones de pesos en flujos hacia cuentas de Emilio Lozoya. La UIF de Alberto Bazbaz es un atinado sabueso para encontrar el delgado hilo que une la opulencia de un funcionario público con el origen de sus recursos.

Lozoya puede estar tranquilo, al menos por el momento la UIF no ha sido llamada a escena.

Demanda colectiva

Ahora que las tarifas de telefonía celular y de datos de internet dará un giro dramático para millones de usuarios de empresas competidoras de TELCEL, las quejas podrán concentrarse a través de la figura de acciones colectivas para entablar una demanda al respecto.

Los ciudadanos usuarios de telefonía tal vez poco sepan de esta alternativa para hacer frente en forma colectiva ante actos de gobierno o de particulares.

La situación puede tornarse complicada para TELCEL de Calos Slim ante la manifestación de miles y millones de quejas, más aún si algún buffet de abogados en un acto de humildad y responsabilidad social se da a la tarea de congregar a los quejosos en una acción colectiva en contra de TELCEL.

Al menos hay una vía legal para enfrentar la estrategia de monopolio que ejerce Carlos Slim.

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