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Hasta 60 años de cárcel por desapariciones

Hasta 60 años de cárcel por desapariciones

Treinta y cinco días después de que la aprobó el Congreso de la Unión, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El acto en que se firmó el decreto de la nueva ley fue privado, en Los Pinos, explicó Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, porque se catalogó como “reunión de trabajo con víctimas”, y esos encuentros siempre son a puerta cerrada para proteger los derechos de las mismas; “no se pueden hacer públicos”, argumentó.

En el evento, informó, Peña Nieto dio instrucciones precisas para cumplir en 60 días con el periodo de vacatio legis establecido por la nueva ley; y es que la norma abroga la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

La ley promulgada prevé imponer penas de 40 a 60 años de prisión, y de 10,000 a 20 ,000 días multa a las personas que cometan el delito de desaparición forzada de personas, sean servidores públicos o particulares.

De manera adicional, cuando el responsable tenga el carácter de servidor público se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión.

En su artículo 27, la norma establece que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización y el apoyo de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o del paradero de la persona.

Desde el salón Adolfo López Mateos, el mandatorio mexicano dijo que la nueva norma marca un antes y un después en el combate a la impunidad por la desaparición de personas y la defensa de los derechos humanos.

Aseguró también que, en adelante, sociedad y gobierno no tolerarán más la desaparición.

Dijo que la desaparición de personas es una de las experiencias más dolorosas que alguien puede sufrir, y expresó su solidaridad con todos quienes “han padecido ese horror”.

“Y no sólo lo hago como presidente de la República, lo hago como ciudadano, como persona, porque comparto sus sentimientos”.

Durante el acto, reconoció el empeño de los representantes de las organizaciones civiles y de familiares de víctimas presentes en la luchar por concretar la nueva leyes, porque sin su lucha incansable no se habría podido promulgar.

En su intervención Peña Nieto también mencionó que entre los retos que están por venir en la materia está la creación de una base de datos de personas desaparecidas confiables, así como la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Con la promulgación de la ley, añadió el presidente, las entidades federativas tendrán mecanismos de búsqueda de personas como el instaurado en la Ciudad de México que colabora con instancias como el Instituto Nacional Electoral.

En su intervención, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, destacó que en la CDMX, de marzo a la fecha, se han obtenido datos de 109 personas que al momento de llegar al Servicio Forense no estaban identificados; en 42 de ellos, agregó, se tienen datos completos como domicilio y familiares, esto debido a la nueva implementación de mecanismos de búsqueda.

URGEN A QUE SE AUTORICE VISITA DEL COMITÉ DE DESAPARICIONES

Colectivos integrados por familiares de personas desaparecidas urgieron al presidente Enrique Peña Nieto a que autorice la visita del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, pendiente desde el 2014, así como que se adopten las competencias del mismo Comité para que las víctimas puedan acudir directamente ante estas instancias.

“Desde el 2014, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha solicitado hacer una visita a nuestro país y el Estado mexicano no lo ha permitido, una muestra adicional… es que usted acepte esa visita a la brevedad”, planteó Michel Quevedo Orozco, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, el cual agrupa a decenas de colectivos de personas desaparecidas en todo el país.

En el evento en Los Pinos, el titular del Ejecutivo federal estuvo acompañado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, además de Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

En la reunión los colectivos plantearon siete puntos como ruta de trabajo.

Además de pedir la integración de la ONU, se pidió, por ejemplo, la reforma al Artículo 102 constitucional para otorgar autonomía a las Fiscalías que están por formarse a nivel federal, desde el Congreso.

“Se deben tomar las medidas necesarias para que las nuevas fiscalías especializadas sean fiscalías que sirvan”, expuso Quevedo Orozco.

Añadió que “en aras de fortalecer su autonomía e independencia en particular, el Movimiento considera necesario que se lleve a cabo una reforma integral y no meramente cosmética, entre otros, al Artículo 102 apartado A de la Constitución”.

Los colectivos llamaron, a su vez, a otorgar el personal suficiente capacitado a la Comisión Nacional de Búsqueda, contemplada en la nueva ley y que está por integrarse.

A nivel local exigieron que los estados de la República se adhieran a la Ley General en la materia aprobada, ya que, indicaron, 96% de los casos de desapariciones en el país están dentro de la jurisprudencia de los gobiernos de las entidades.

EL DATO

El Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito de la Ciudad de México deberá conceder el apoyo económico a las víctimas desde la justificación que se trata de un delito penal, aunque el respaldo financiero sea administrativo, esto después de que la Primera Sala de la Corte resolvió la contradicción de tesis 327/2016.

El fallo se sustenta en la contradicción de tesis analizada en el sentido que “para aspirar a obtener el apoyo económico que ofrece la Procuraduría, es requisito indispensable tener una calidad específica, esto es, ser víctima de los efectos provocados por una conducta tipificada como delito”. (Rubén Torres)

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