En la ruta de la investigación y procesamientos penales para exfuncionarios que fraguaron la «verdad histórica» no aparecen todos los que tuvieron alguna responsabilidad o conocimiento de ello, como los entonces secretarios de Gobernación, Defensa y Marina, y el presidente Peña Nieto.
El informe de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa es tajante: “Las autoridades fueron negligentes y omisas. Los hechos de violencia y desaparición de los normalistas debieron evitarse”. Sin embargo, en la ruta de la investigación y procesamientos penales para los exfuncionarios que fraguaron la verdad histórica, no aparecen todos los que tuvieron alguna responsabilidad o conocimiento de ello, como los entonces secretarios de Gobernación, Defensa y Marina. Del expresidente Peña Nieto dice que recibía información directamente de la oficina del procurador y que el “enlace operativo” era su coordinador de Comunicación Social… nada más.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, mediante el cual el gobierno federal invalidó la “verdad histórica” presentada en enero de 2015 por la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada entonces por Jesús Murillo Karam, da cuenta del nuevo sentido que tomó el asunto.
Además de la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de quienes –según el informe– no hay evidencia de que estén vivos, la nueva etapa en la que ha entrado el caso es el inicio de las investigaciones y procesos penales contra los exfuncionarios implicados en la integración de la averiguación.
En el informe hay nombres de exfuncionarios que participaron en diversas diligencias o que estaban encargados de áreas por las que el expediente “pasó” mientras se construía la verdad histórica… y otros nombres simplemente no aparecen.
El documento señala que faltó coordinación entre las áreas de la PGR en las que se investigó a Guerreros Unidos, grupo delincuencial vinculado con la desaparición de los normalistas.
El caso Ayotzinapa fue atraído por la PGR el 6 de octubre de 2014 con la intervención de diferentes unidades de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que hasta el 23 de octubre de 2014 era encabezada por Rodrigo Archundia Barrientos, encargado de despacho y quien fue sustituido por Jorge Hugo Ruiz.
Entre 2014 y 2016, las unidades de Investigación, Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; Especializada en Delitos contra la Salud; y Especializada en Delitos contra el Secuestro, todas dependientes de la SEIDO, se encargaron de dar seguimiento a las operaciones de Guerreros Unidos, intervención de sus comunicaciones, análisis forense de los dispositivos relacionados con el caso, análisis de su estructura y operaciones.
Toda esta información, según el informe presentado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, no fue compartida con la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la FGR, encabezado por Omar Gómez Trejo.
Reportaje publicado en la edición 2391 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.
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